Situacion
de Seguridad en invierno mexicano
Pablo Germán Zalazar
En 1.971 Richard Nixon argumento…”todo consumidor de
drogas es un adicto,y todo adicto es una amenaza a la seguridad nacional”.Así
se inaugura la guerra contra las drogas,que si bien en la historia ya tenia
antecedentes del siglo XIX,fue con este presidente y su prohibicionismo logro
fortalecer bandas criminales,corrupción estatal,colapso penal,violación
reiterada de libertades civiles y derechos constitucionales y muerte.
Años este conflicto con una avanzada en nombre de la
seguridad y la salud pública pasaron a confundirse y hasta desaparecer en manos
del Estado,fuerzas de seguridad corruptas,criminales y una mayor inversión en
contratistas privados y sistemas de salud inadecuados para tratar la adicción a
las drogas.
No olvidar que el narcotráfico no es una yihad sino
que se rige por las leyes del mercado,oferta y demanda,su demanda es estable y
EEUU su mayor consumidor,y como hay “prohibición” su valor aumenta
geométricamente y si se adultera su valor aumenta mas aún,esto hizo que los
Carteles para asegurar el abastecimiento al vecino del norte,tomaran control
geográfico de zonas rivalizando con el Estado, o creando como toda crimen
organizado la corrupción de su administración y beneficiando incluso a la
industria armamentística que provee a ambos bandos.
El 1 de diciembre del 2.012 asumió la presidencia
Enrique Peña Nieto,que ya venia salpicado por denuncias de compra de votos,en
su discurso inaugural presento 13 puntos en los cuales incluia un plan integral
para luchar contra la inseguridad de prevención contra el delito y a diferencia
de Nixon expreso…”estoy convencido que el delito no se combate con la
fuerza”,hablo de un programa transversal que aplicados por varios ministerios
en conjunto abogo por una reforma constitucional que unifique las leyes penales
y también se promulgo en este tiempo de su gestión la Ley General de Víctimas, que causó 47,516 muertos hasta septiembre
de 2011, según cifras oficiales, más de 80,000 según organizaciones civiles.
Consecuente con su líder el discurso del secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Soberón Sanz, se centró en el respeto
irrestricto a los derechos humanos que habrá durante las operaciones de los
militares y marinos del país.“Los soldados tenemos claro que los derechos
humanos son prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas,
indispensables para su desarrollo integral. Es por ello, que pugnamos porque la
actuación militar sea garantía de observancia absoluta a este bien jurídico”,
destacó Soberón.
En pocos días dialogando con
los partidos más representativos presento un plan consensuado para ser
rápidamente puesto en ejecución.Esta iniciativa denominada “Plan México”.
Al respecto de esto en la siguiente entrevista que realize para Radio el Mundo en esa oportunidad me exprese...Entrevista telefónica Radio El Mundo
El
crimen organizado envuelto en una pelea territorial en la localidad en la
ciudad de Torreon entre Los Zetas y el Cartel de Sinaloa abandonaron 7 cuerpos
desmembrados,la violencia no ceso por sucesión presidencial.Por lo tanto el
ejercito y la Marina permanecieron en las calles aunque el presidente los
exhorto a no violar los derechos humanos,pero prometió la salida gradual de
estos de la via pública.
Por supuesto el consabido gasto
armamentístico gubernamental prosiguió con el equipamiento de la marina de
guerra con 3 helicopteros de origen ruso. El presidente Enrique Peña Nieto propone a la Cámara de Diputados le
autorice recursos para la adquisición de un Sistema Satelital que
"permitirá mantener la plataforma de comunicaciones de seguridad nacional,
salvaguardar el uso de posiciones orbitales y frecuencias, así como ampliar la
cobertura en áreas rurales". Y al final de su primer semana salió
de gira por las provincias con mayores índices de violencia como Nueva Leon con
su gabinete en pleno proemtiendo además más estrecha colaboración entre los
gobiernos regionales y el federal.
Incluso la agencia
estadounidense la D.E.A. anunció el
fin de una serie de operaciones contra los cárteles de Sinaloa y Juárez, que se
prolongaron durante dos años con un saldo de 3.780 detenidos.La operación "Debajo de la cintura" (Below
the Beltway) arrancó en mayo de 2010 en 79 ciudades, tanto estadounidenses como mexicanas,
centroamericanas e incluso europeas y de otros continentes, informó la DEA en
su comunicado.Las autoridades policiales de esos países decomisaron más de 6
toneladas de cocaína, 4.5 toneladas de metanfetaminas, 734 kilos de heroína,
150 toneladas de mariguana, y más de 148 millones de dólares en efectivo.Pero
también destaparon un escándalo bancario el banco HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del
cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010,
según documentos judiciales estadunidenses. El cártel de Los Zetas utilizó
cuentas abiertas en el banco más grande de Estados Unidos para traspasar fondos
utilizados en la compra de caballos de carreras en ese país. J.P. Morgan no fue el único
banco utilizado para esta operación. En la acusación original, presentada en
junio, se detalló el aseguramiento de doce cuentas abiertas en Estados Unidos
por empresas fachada de Los Zetas, incluidas seis en Bank of America y cinco en Wells Fargo, que son la segunda y cuarta instituciones financieras de mayor tamaño en ese país.
Como era necesario aprobar el presupuesto por el congreso solicitó a la Cámara de Diputados que apruebe una nueva partida en 2013
de 1,500 millones de pesos para crear la Gendarmería Nacional que contribuya al
combate contra el crimen organizado.“Se creará la Gendarmería Nacional como
una corporación de control territorial y con características de fuerza
intermedia que salvaguarde la soberanía nacional y garantice el Estado de
Derecho en todo el país”, expuso Peña Nieto en la Exposición de Motivos del
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013.El nuevo presidente ya había anunciado
su intención de crear esta nueva corporación, compuesta por unos 40,000
elementos, así como expandir al menos a 35,000 los oficiales federales.“En el
Proyecto de Presupuesto (…) se destinarán recursos para implementar una
estrategia a fin de reducir la violencia, focalizada en las zonas y los
municipios con mayor índice delictivo, menor presencia del Estado y cercanas a
las rutas del narcotráfico”, indicó el Ejecutivo.El gobierno solicitó un
incremento global de 3.2% en el presupuesto de seguridad en comparación del año
pasado, según una carta enviada por el presidente a los miembros del Congreso. incluso para la Secretaría de
Seguridad Pública federal (SSP), que Peña Nieto busca fusionar a la Secretaría
de Gobernación (Segob) con base en una iniciativa de reforma a la Ley de la Administración Pública Federal.Debido a
que dicha reforma aún no ha sido aprobada, para el 2013, el Poder Ejecutivo
solicitó 41,217.2 millones de pesos para la SSP, un monto 1.68% superior al
asignado para el 2012.En la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto
de Egresos se explica que dichos recursos “permitirán llevar a cabo operativos
para la prevención y disuasión del delito en diversas zonas del país”.Para la
Policía Federal Preventiva, que forma parte de la SSP, se solicitó también un
aumento presupuestal del 5.1%.
El presidente Enrique Peña Nieto ha puesto énfasis
en la necesidad de fortalecer la prevención del delito, por lo
que solicitó 115,625.9 millones de pesos para acciones en materia de prevención
y participación ciudadana.Dicho monto es 7.1% superior respecto a lo aprobado
en el 2012, según la carta del presidente.“Se impulsarán acciones para la
prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y
promoción de proyectos productivos que fortalecerán decisivamente la
participación ciudadana y promoverá la cultura de la prevención, a través de
una política integral que obstaculice las actividades criminales y reduzca la
violencia, actuando desde las causa que la generan”, se explica en la
Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
Para
el rescate de espacios públicos, el gobierno federal solicitó 1,035 millones de
pesos. Con dichos recursos, se rehabilitarán 962 parques, canchas, plazas y
“otros puntos comunitarios afectados por la violencia y la actividad
delictiva”.Para el programa Escuela Segura, que busca promover la seguridad y
la cultura de prevención en los centros educativos, se pidieron 340 millones de
pesos.En cuanto a la prevención y a la atención de las adicciones, el gobierno
de Peña Nieto solicitó 1,253.3 millones de pesos, que según la Exposición de
Motivos, beneficiará a 6.7 millones de personas.
Pero
la población sigue víctima de la delincuencia y se convierten en refugiados en
su propio país, Al menos 105 personas dejaron sus hogares en las comunidades de
La Laguna y Hacienda de Dolores, en la sierra de Guerrero, al sur de México,
luego del asesinato de una activista y su hijo.La Red Guerrerense de
Organismos Civiles de Derechos Humanos en Guerrero informó en un comunicado que
20 familias dejaron su hogar para reubicarse en la localidad de Puerto Las
Ollas, una población cercana a la cabecera municipal de Petatlán.Los pobladores
se desplazaron custodiados por elementos del Ejército y la policía estatal,
tras el aumento de la violencia en la sierra de Coyuca de Catalán y las
constantes amenazas por parte de la delincuencia organizada a la población,
detalló la red de derechos humanos.México fue
considerado en 2011 como uno de los cinco países con
mayor número de desplazados por la violencia en América Latina, de acuerdo con el Centro de
Monitoreo de Desplazamientos Internos (iDMC, por sus siglas en inglés), en su
último informe sobre el continente.
En julio del
año pasado, días después de las elecciones en las que resultó ganador Peña
Nieto, Óscar Naranjo,general colombiano y su asesor en materia de seguridad,
propuso fijar una meta de reducción de la violencia en los primeros 100 días de
gobierno.En entrevistas , el general colombiano afirmó: “Creo que es posible
decirle a los mexicanos ‘mire, en 100 días queremos la mitad de la violencia
que tenemos’’’.Para ello, planteó la posibilidad de crear grupos de choque
mixtos a fin de combatir no solo a los narcotraficantes, sino también a las
bandas de sicarios. Resultados al cierre de la primer semana del sexenio hubo
131 ultimados…
Otra alternativa es que Joaquín "El Chapo" Guzmán se perfilara para ser
el gran aliado del Presidente Enrique Peña Nieto. La capacidad del jefe del
Cártel de Sinaloa para estabilizar el negocio de las drogas ilegales en México
puede ayudar al nuevo Mandatario en su prisa por reducir la violencia heredada
del Gobierno de Felipe Calderón.Pragmática, esa solución no significa que Peña
Nieto se siente a negociar con el narcotraficante "más buscado del mundo", sino que
agudice el debilitamiento de Los Zetas, el principal enemigo del
Cártel de Sinaloa y una de las organizaciones más violentas de México, asegura Sylvia
Longmire, oficial en retiro y ex agente de investigaciones especiales de la
Fuerza Aérea de Estados Unidos.Fundadora de Longmire Consulting,
dedicada al seguimiento de la "guerra de la droga
en México", la firma considera al "El Chapo" Guzmán como un
potencial aliado de facto de Peña Nieto por su "orientación empresarial,
menos proclive a la violencia irracional"."'El Chapo' es un pensante
racional. Pertenece a la clase de narcotraficantes que han visto el negocio
como una empresa",
dice Longmire, quien fue capitán y agente especial en la Oficina de
Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se
dedicó a contrainteligencia, contraespionaje y análisis en protección.
Retirada en 2005 de la milicia después de ocho
años de servicio,
trabajó durante cuatro años como principal analista del Centro de Evaluación de
Amenazas Terroristas del estado de California, encargada de reportar a los
altos niveles de Gobierno sobre la violencia en la frontera con México.Como
muchos analistas y ex analistas militares de Estados Unidos, Longmire considera
a los cárteles mexicanos de la droga como una amenaza para la seguridad
estadunidense, más allá incluso de la frontera con
México.La detención de "El Chapo" ahora sería contraproducente porque dejaría en manos de grupos más violentos
el control del narcotráfico, Encargada en el Pentágono de analizar los temas
que podrían afectar la seguridad del personal de la Fuerza Aérea desplegado por
el Comando Sur de Estados Unidos -que abarca Centroamérica, el Caribe y
Sudamérica-, Longmire sostiene que el reto más grande para Peña Nieto en materia de
seguridad son Los Zetas.Si las autoridades mexicanas detienen a "El
Chapo", Los Zetas irían por los territorios del Cártel de Sinaloa, con
todo y la violencia que los caracteriza, abunda Longmire, quien se presenta a
sí misma como consultora y analista con ocho años de
experiencia militar en cumplimiento de la ley, seis de experiencia analítica en
América Latina y más de cuatro de seguimiento de los grupos
mexicanos de delincuencia organizada transnacional y de la violencia en la
frontera entre México y Estados Unidos.Menciona que organizaciones como el
Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios han surgido para
sobrevivir como grupos pequeños, pero que Los Zetas tienen que desaparecer para
disminuir de manera sostenida la
violencia en México.
Pero en el país vecino se comenzó a legalizar el consumo de
estupefacientes como la marihuana,Peña Nieto dijo que aunque la
legalización en Colorado y Washington reabrirá el debate sobre cómo hacer
frente al fenómeno del narcotráfico, él está en contra de la legalización de
las drogas, especialmente de la marihuana."Creo que el consumo de
esta droga puede favorecer a que sea la puerta de acceso al consumo
de drogas mucho más dañinas" , señaló el mandatario.
Pero como
toda empresa “capitalista” el ingenio ante las adversidades…la
Patrulla Fronteriza estadounidense reveló que los contrabandistas mexicanos
crearon un sistema novedoso para traficar drogas a Estados Unidos:
un cañón.Las
autoridades dijeron que sus agentes hallaron 33 latas con marihuana en un campo
cercano al sitio donde el río Colorado cruza
la frontera de Estados Unidos y México. Los funcionarios creen que
las latas fueron disparadas unos 150 metros (500 pies) desde México empleando
un cañón neumático.Tras revisar
el área, los agentes encontraron un tanque de dióxido de carbono. Las
autoridades mexicanas fueron notificadas y revisaron su lado
de la frontera.
Finalmente La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que elimina
las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Función Pública (SFP) quedó
aprobada con cambios en el Senado mexicano, por lo que tendrá que regresar a la
Cámara de Diputados para una nueva revisión.Entre otras modificaciones, a
propuesta de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática
(PRD), los senadores incluyeron que el comisionado nacional de seguridad y el
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) deban ser
ratificados por la Cámara alta, así como que el secretario de Gobernación deba
comparecer cada seis meses ante una comisión bicamaral del Congreso para
explicar la política anticrimen. La reforma establece que la Secretaría de
Gobernación (Segob) absorba a la SSP y que desaparezca la SFP, cuyas funciones
serían retomadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y un
nuevo organismo.Otro punto agregado, sin embargo, indica que la SFP no podrá
dejar de existir hasta que se cree el organismo que lleve a cabo sus tareas.
Para ello, Peña Nieto propuso una Comisión Nacional Anticorrupción, pero su
creación todavía no se discute. La Cámara de Diputados dio este la aprobación
final al proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración
Pública federal con la que se eliminan las secretarías de Seguridad Pública
(SSP) y de la Función Pública (SFP).La iniciativa fue avalada con 423 votos a
favor, 38 en contra y cuatro abstenciones.
En opinión
de John Paul Rathbone que es editor para América Latina del Financial Times.A
diferencia de su antecesor, Felipe Calderón, Peña Nieto ha cambiado la forma en
que México se discute sobre seguridad. El país ya no es 'un problema de
seguridad con una economía'. Ahora es visto como 'una economía con un problema
de seguridad'. Barack Obama está en la misma página. Cuando Peña Nieto visitó
Washington, el presidente estadounidense le dijo: "Vamos a ir más allá de
la agenda de seguridad. Queremos dar prioridad a los temas de infraestructura,
comercio, la Asociación Transpacífica, energía e inmigración". Está sacando el mayor provecho a la
fuerte economía mexicana y, posiblemente, mejorará la seguridad. Pero estos son activos heredados del Gobierno anterior.
Sin embargo
los vecinos se “blindan”, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza
de Estados Unidos (U.S.
Customs and Border Protection -CBP-) busca adquirir 14 nuevos vehículos aéreos no tripulados (UAV,
por sus siglas en inglés) modelo Predator, conocidos también como drones,
para vigilar la frontera con México,
con lo que aumentará la flotilla que ya utiliza en la zona con ese tipo de
equipos.
Según el
periódico mexicano Excelsior,
la CBP desea extender un contrato de cinco años con la compañíaGeneral
Atomics Aeronautics Systems, para la adquisición de los nuevos
UAV, por unos 237 millones de dólares, según un documento que Aduanas colocó en
el sitio oficial de Internet, en el que se dan a conocer las oportunidades de
contratos del gobierno federal.Sin embargo, el Congreso estadounidense no ha
aprobado fondos para que la agencia adquiera más equipos de este tipo, ni
tampoco la institución ha solicitado más recursos para el año fiscal 2013. En
la actualidad, el CBP usa diez Predator
para la vigilancia de las fronteras y las costas limítrofes estadounidenses.
Los
gobiernos de México y Estados Unidos se comprometieron oficialmente a mantener
la cooperación bilateral para responder a los “riesgos crecientes” que
enfrentan en materia de seguridad, así como a trabajar juntos en temas como
migración y protección civil.Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna
de Estados Unidos, se reunió en privado en la Ciudad de México con el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y otros altos
funcionarios mexicanos.
Tambien trabajo hacia “adentro”, el presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de
gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, coincidieron en trabajar
juntos para mejorar la seguridad en la Ciudad de México. Mancera, sin
afiliación a partido político alguno pero respaldado por el de la Revolución
Democrática (PRD), ganó con más del 63% de las preferencias las
elecciones del 1 de julio. En su primer mensaje como jefe de gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera se comprometió a fortalecer el combate a la
delincuencia en la ciudad y reforzar la política social, una bandera que ha
caracterizado a los gobiernos del PRD en la capital desde hace 15 años.La
capital, gobernada por la izquierda desde 1997, registró una
disminución de los delitos de alto impacto de cerca del 12% de 2006 a la fecha,
según cifras del gobierno de su predecesor, Marcelo Ebrard.
En su mensaje en el Auditorio Nacional el pasado 5
de diciembre, el mandatario local anunció que aumentará el número de cámaras de
videovigilancia y que presentará una reforma de ley para que los videos
registrados por las cámaras sean utilizados como evidencia judicial.
Las Procuradurías de Justicia del Distrito Federal y otras cinco entidades del país
estarán obligadas a alimentar el Sistema Integrado de Información Balística
(IBIS) de la Procuraduría General de la República (PGR), con los datos de todas
las armas de fuego que estén involucradas en delitos, así como con la
información de las armas de cargo de los policías de éstas dependencias, a fin
de hacer más eficiente el combate a la delincuencia.De esta forma, se busca
fortalecer esta herramienta que es utilizada en la investigación
de delitos del orden federal y común, según se establece en los acuerdos
celebrados por las autoridades del Distrito
Federal, Puebla,Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, que comprometen a las
procuradurías de justicia a suministrar los datos a IBIS.
Tambien se implementaron cambios en la política de gasto de
Defensa,privilegiando la manufactura nacional, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), producirá un primer
lote en serie de 100 vehículos blindados de su serie DN-XI (como el de la imagen), por un monto
de inversión en el 2013 de 27,1 millones de dólares.Según publicación del
periódico El
Universal, la Sedena buscaría dejar de depender de terceros en el
suministro de unidades blindadas y teniendo ya el know-how del DN-XI ha
decidido fabricarlo en serie para su consumo propio.De acuerdo con la
información de la Dirección General de Industria
Militar de la
Sedena, la decisión se basa en el objetivo de reducir los costos de adquisición
de vehículos tácticos blindados así como su mantenimiento y operación. Por
ello, la dependencia castrense se ha propuesto hacer un uso óptimo de su
infraestructura en la Ensambladora Militar, generar conocimiento de vanguardia
en la fabricación y ensamble de unidades automotoras con estas
características.En la propuesta, la Sedena argumenta la necesidad de
administrar vehículos blindados a sus unidades operativas que realizan
actividades (vigilancia y patrullaje) de alto impacto contra el crimen
organizado. Detalla que dicha demanda se puede cubrir de dos formas: con la
adquisición de vehículos similares a los de fabricación extranjera que tendrían
un costo de 508,4 millones de pesos (39,9 millones de dóalares) o
ensamblar las unidades en las instalaciones de la Industria Militar que le
costaría 345,2 millones de pesos (27,1 millones de dólares).
A mediados
de diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto presentó
seis líneas de acción de la nueva política de Estado por la seguridad y
justicia para los mexicanos, que comprende la creación de una Gendarmería Nacional con 10 mil elementos en una
primera etapa.En la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, Peña Nieto explicó que los objetivos prioritarios que
persigue el Gobierno están orientados a reducir la violencia y recuperar la paz
y tranquilidad de las familias mexicanas, además de disminuir los indicadores
relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones.Los 6 ejes del plan de
seguridad y justicia de Peña Nieto son planeación, prevención, respeto a
Derechos Humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación. El
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
adelantó que una parte de la Gendarmería
Nacional que anunció el Presidente Enrique Peña Nieto estará conformada
por miembros del Ejército que actualmente realizan labores de vigilancia en algunos municipios de la
República.Además, indicó que se lanzará una convocatoria para
reclutar a nuevos elementos y se capacitará a los que están en activo y lleguen
a la nueva instancia. Durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, se explicó que la nueva institución será
responsable de fortalecer la seguridad en municipios e instalaciones estratégicas comoaeropuertos,
puertos y fronteras. Respecto a la implementación de un Mando Único a nivel
estatal, Osorio declaró que se ha pedido a los Gobernadores estudiar la propuesta con las administraciones
locales con el fin de que en el futuro pueda aplicarse.Detalló que mientras se
analiza la iniciativa, se empezarán a realizar convenios con aquellos
municipios que deseen que el Gobierno estatal asuma la seguridad local.Añadió
que se pedirá que los nombramientos de mandos sean ratificados a nivel estatal
y federal.A todo esto el desplazamiento humano no ceso, La violencia que se
vive en la Sierra Tarahumara ha causado el desplazamiento de decenas de
mujeres, niños y ancianos del municipio de Chínipas, colindante con el estado
de Sonora.El fiscal de la zona occidente, Jesús David Flores Carrete,
aceptó que en ese municipio se ha incrementado la violencia por la disputa de
grupos armados que pelean la plaza.En menos de 15 días fueron ejecutados siete
hombres de Chínipas.
El
anuncio fue en medio de una dura crítica a la
estrategia implementada por la administración anterior a la que señaló de no
haber logrado disminuir el delito y provocar una fragmentación de grupos
criminales que los hizo más peligrosos. El traslado de funcionarios
responsables de seguridad a cinco regiones del país y la evaluación de las
acciones,por lo que Los gobernadores del país apoyaron la regionalización
de la estrategia. A nombre del jefe de Gobierno del DF y de otros 31
gobernadores, César Duarte, de Chihuahua, aseguró que con esto se podrán
puntualizar las fortalezas y atender las debilidades en la materia que tienen
las entidades.El titular de la Procuraduría General de la República (PGR),
Jesús Murillo Karam, dijo en su intervención que en el país hay una
fragmentación descoordinada que bloquea las acciones de la procuraduría. Al explicar el cambio de la
estrategia de seguridad nacional, presentada por la Presidencia, el procurador admitió que
"el diagnóstico es fuerte, hay muchos años de rezago, la
Procuraduría no tiene métodos científicos y eso hizo que tengamos que recurrir
a medidas que no son las mejores".En los últimos años, entre 60 y 80
nuevos cárteles "entre medianos y pequeños" se formaron en el país,
aseveró el priísta, quien también señaló que ya trabajan para identificar las
zonas.
Además, el procurador señaló que en la administración pasada se enfocó la estrategia contra
los cárteles en "descabezar" a dichas
estructuras criminales, pero dijo que ahora se realizará un enfoque regional,
en crear instituciones,
cambiar al sistema penal acusatorio y crear métodos científicos. El presidente Peña Nieto anunció que modificaría la estrategia
que implementó el ex presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, para
pasar de un programa punitivo a uno de prevención del delito.
Ante la renuncia de el titular de
la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas
Palomino, que solicitó su baja del
cuerpo policiaco y el arreciamiento de la violencia en los estados
llegando a contarse por veintena de muertes diarias ,Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien recibió capacitación de diversas agencias de seguridad internacionales
en materia de política criminal, análisis del crimen organizado y terrorismo,
fue designado secretario general y encargado de despacho de la oficina del
comisionado general de la Policía Federal.
Ocho estados de México, donde
habita el 20.7% de la población del país ,alrededor de 23.2 millones de
personas, concentran los índices más altos de delitos de alto impacto, contra
los cuales el nuevo gobierno federal planea centrar su estrategia de seguridad.
Los estados que tienen las más altas tasas de esos delitos son Chihuahua,
Durango, Nuevo León y Tamaulipas, en el norte mexicano; Guerrero, Michoacán y
Nayarit, en el occidente, y Morelos, ubicado en el centro, según cifras del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de enero a octubre de 2012.Todas estas
estadísticas y los primeros “desafortunados resultado de la gestión del
presidente hizo que la posible
legalización de las drogas en México entrará a debate el próximo año en la
Cámara de Diputados, que esta semana acordó organizar foros en los que
legisladores discutan el tema con distintos sectores sociales.
La
Junta de Coordinación Política (Jucopo), el órgano que conforman los líderes de
los siete grupos parlamentarios, aceptó una propuesta de Fernando Belaunzarán,
diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que la Cámara
baja convoque audiencias públicas para analizar la legalización como un “nuevo
paradigma” de combate al narcotráfico. Las
fechas preliminares para la realización de los foros abarcan de mayo a agosto
y, según Belaunzarán, un grupo de trabajo integrado por legisladores de todos
los partidos aún debe definir exactamente quiénes serán los participantes y en
qué formato se llevará a cabo la discusión. Jorge Hernández Tinajero,
presidente del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (Cupihd), calificó de “positivo” el hecho
de que la Cámara de Diputados organice foros sobre la posible legalización de
las drogas, aunque señaló que la mayoría de los legisladores no ha mostrado
disposición para aprobar medidas en ese sentido.
La
mayoría de los mexicanos considera que la inseguridad pública es el principal
desafío que el país deberá enfrentar en 2013, según encuestas difundidas a
finales de este año. Ese problema fue el más mencionado por los ciudadanos
consultados en noviembre por las empresas Consulta Mitofsky y Buendía y Laredo.
En la encuesta de Consulta Mitofsky recibió el 32% de las menciones, en tanto en la de Buendía y Laredo
obtuvo el 36%.Los mexicanos ubican el narcotráfico como un problema
distinto a la inseguridad pública, según las encuestas.En
el estudio de Buendía y Laredo recibió el 11% de las menciones, en tanto en el
de Consulta Mitofsky llegó al 5%.
Durante su mandato, Calderón envió al Ejército y la Marina a las
calles a combatir al narcotráfico y defendió esa estrategia bajo el argumento
de que los cárteles de la droga representaban una amenaza para el Estado.El
gobierno de Peña Nieto ha señalado que continuará la lucha contra los
narcotraficantes, aunque buscará que la nueva Gendarmería Nacional sustituya
gradualmente a las Fuerzas Armadas en esas tareas. Según el Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP), Baja California, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Guanajuato
y la Ciudad de México —seis de las 32 entidades del país— concentran el 70% del
total de delitos relacionados con drogas.
La
corrupción en la vida pública es otro problema que preocupa a los mexicanos.En
la encuesta de Consulta Mitofksy, empató con el narcotráfico en el quinto lugar
con el 5% de las menciones.Este año, México obtuvo una calificación de apenas
34 puntos en el Índice de
Percepción de la Corrupción de
la organización Transparencia Internacional. Con ello, se ubicó en la posición
111 de 176 países, cerca de Filipinas, Mali y Kosovo.Antes de asumir la
presidencia, Peña Nieto prometió que su gobierno tomaría numerosas medidas
contra las prácticas corruptas, como fortalecer al Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos (IFAI) y crear una Comisión Nacional
Anticorrupción. La primera propuesta fue aprobada en el Senado y será analizada
por la Cámara de Diputados, mientras la segunda será discutida por los
legisladores hasta inicios de 2013.
El presidente anunció que en 2013 se implementaría el proyecto México
en Paz, según el presidente, “la
totalidad” de las acciones contra la violencia de su política de seguridad
fueron aceptadas por los firmantes del Pacto por México. Peña Nieto buscará recuperar el plan de tener un mando único policial
por entidad federativa que intentó implementar el ex presidente Felipe
Calderón.
En el primer
mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, la tendencia de homicidios relacionados
con presuntos actos del crimen organizado se mantuvo estable respecto a los
meses anteriores, con 982 casos, 33 más que en noviembre (949), último mes de
la pasada administración.Aunque el promedio diario de todo el mes fue de 32
ejecuciones, superior a la media del sexenio anterior, diciembre ocupó el
octavo lugar en narcohomicidios de todo 2012. Una constante en diciembre,
respecto a los meses anteriores, fue el registro de ejecuciones múltiples con
más de cinco víctimas por caso. Este tipo de homicidios se presentó en 18 de
los 31 días del mes anterior. Con 122 ejecuciones, Chihuahua regresa al primer
lugar de las entidades con más narcoejecuciones, sitio del que había sido
desplazada por Guerrero en los tres meses recientes.Coahuila pasa al segundo lugar, al superar en
casi el triple de casos a Guerrero, que ocupó esa posición prácticamente a lo
largo de todo 2012.En tercer sitio se encuentra Sinaloa con 79 asesinatos, y en
cuarto y quinto lugar, con 59 ejecutados cada uno, San Luis Potosí y Zacatecas.Las
entidades con menos ejecuciones fueron 11, cinco de ellas sin ningún caso (Baja
California Sur, Campeche, Tabasco,
Tlaxcala y Yucatán); en el resto, el mayor número de homicidios fue de 6, en
Colima.
Diecisiete
funcionarios, cinco municipales y 12 estatales, fueron ejecutados. En lo que
respecta a las fuerzas policiacas y militares, diciembre registró 33 casos:
cinco policías federales, un estatal y 24 municipales; soldados fueron tres.
Tambien
comienzan las denuncias por defensores de los derechos humanos La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una llamado este jueves a las
autoridades mexicanas para que adopten medidas, incluidas reformas
estructurales, para prevenir brotes de violencia en las prisiones del país, así
como para investigar y sancionar a quienes hayan participado en alguno.La
organización internacional pidió al gobierno mexicano, a través de un
comunicado, realizar un control efectivo para evitar el ingreso de armas y
objetos ilícitos en las cárceles, así como prevenir las actividades de las
organizaciones criminales en estos centros.
Resultados
de la lucha anti corrupción Seis expresidentes
municipales de Chiapas fueron detenidos por elementos de la Procuraduría
estatal por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y
asociación delictuosa, informaron este miércoles autoridades del estado del sur
del país.Los exalcaldes detenidos son: Herminio Váldez Castillo del municipio
de Reforma; Miguel López Límbano de Chicomuselo; Silver Eroy Corzo León de
Ocozocoautla;, Jesús Arnulfo Castillo Milla de Cacahoatán; Magdiel Rafael
García Cancino de Ixhuatán y del municipio de Francisco León, Rodolfo Vázquez
Martínez, informó el gobierno local en un comunicado.Las investigaciones que
encabeza la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos por
Servidores Públicos, derivaron de las denuncias presentadas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, quien a través de la revisión
de las cuentas públicas, detectó diversas irregularidades.“No se han dado a
conocer los montos del posible quebranto. Los ex presidentes municipales
estuvieron en funciones en 2011 y 2012, y terminaron su cargo el 31 de octubre
pasado”, informó el gobierno.
La violencia
en los primeros 34 días del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no sólo se
mantiene en los mismos niveles que en la administración de Felipe Calderón sino
que se está extendiendo a otros estados.De acuerdo con datos de los gobiernos
estatales respecto a homicidios dolosos, algunos territorios donde la violencia
había disminuido, en los últimos días se recrudeció, como Jalisco, Nuevo León,
Durango y Zacatecas.En
contraparte, en otras entidades, como Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, mismos
que a finales del sexenio pasado ocupaban los
primeros lugares de violencia, actualmente disminuyó. El investigador Alejandro
Hope no quiere dirimir entre las cifras de los ejecutómetros que diversos
medios de comunicación han difundido esta semana sobre el número de asesinatos
ligados con el crimen organizado en el último mes, y cuya cifra oscila entre
los 700 y los mil muertos.
Pide esperar que sea el Sistema Nacional de
Seguridad Pública quien dé a conocer la cifra oficial de homicidios en
diciembre de 2012. Pero el experto estima que el número será de unos mil 600,
apenas 100 menos que los registrados cada mes del año pasado.Explica que en
2012, el promedio mensual de asesinatos fue de mil 700, por lo que si este gobierno pretende disminuir a la mitad el
número de asesinatos en el país, tendría que reducir de 54 homicidios diarios a
30, lo que significa inhibir un homicidio cada hora.
Los
narcotraficantes mexicanos se han extendido por todos los continentes,
dominando la cadena de producción, distribución y venta de cocaína, advierte un
análisis de Stratfor, empresa especializada en inteligencia.Alerta que los
cárteles mantienen el crecimiento de su poder y que operan para controlar los
mercados que aún no poseen.De acuerdo con el reporte, el tráfico de cocaína es
el que les ha dado mayor fuerza económica a los grupos mexicanos que han
incrementado su presencia desde Sudamérica, pasando por Europa y Australia,
hasta África.Respecto de Estados Unidos, Stratfor afirma que los cárteles han
aumentado su presencia en puntos de distribución de ciudades como Atlanta, Chicago y Dallas. Los
cárteles mexicanos del narcotráfico son actualmente “los principales actores”
en el comercio mundial de cocaína y trabajan
por apoderarse de la parte que aún está fuera de su control, afirmó la empresa privada de análisis Stratfor.
Scott Stewart, vicepresidente de Análisis de Stratfor, recordó que los cárteles
mexicanos son ante todo empresas comerciales y que ése
es un factor de enorme importancia al examinar las motivaciones de esas
organizaciones delictivas.“Hay varios factores de negocio diferenciado que
tienen un profundo impacto en el comportamiento de los cárteles”, puntualizó,
al mencionar por ejemplo los ciclos de cultivo y cosecha de mariguana en la
Sierra Madre Occidental o la industrialización de la
producción de metanfetaminas.Ambos son actividades que proporcionan fuertes
ganancias a los cárteles, pero no tienen comparación con los beneficios del
tráfico de cocaína.Recomienda:
1.-
Los gobiernos involucrados deberán plantear el combate al crimen organizado
desde una perspectiva global y por región para atender el fenómeno.
2.-
Uno de los temas en el combate al tráfico de drogas será la posible
legalización de estas sustancias y si esta estrategia sería regional.
Según
la categorización que utiliza el Grupo de Investigación Cultura
Jurídico-Política de la UN, una mafia es una empresa económica que produce, promueve y
vende protección en aquellos espacios y nichos sociales que el Estado deja
vacíos. En cambio, de acuerdo con este
concepto, un cártel de la droga sería sólo un grupo delictivo organizado. El
doctor en historia Carlos Medina Gallego, otro integrante del Grupo de
Investigación Cultura Jurídico-Política de la UN, señala que tanto en Colombia
como en México los grupos ilegales, en particular los cárteles del narco, se
consolidaron regionalmente y crearon "una nueva territorialidad
administrativa".Por eso plantea: "Creo que los mexicanos todavía no
logran entender el impacto que el narcotráfico y el crimen organizado tienen en
la sociedad mexicana y lo que significa su injerencia en las economías
convencionales, su dominio y control territorial, y la manera en que han
permeado a las clases sociales convencionales, subordinándolas a las lógicas de
la corrupción, de la amenaza, del miedo y del terror, tal como pasó en Colombia
desde las épocas del Cártel de Medellín (en los ochenta y noventa) hasta las
matanzas y ejecuciones narcoparamilitares (en los noventa y a principios de la
década pasada)".
Durante
el primer trimestre del año serán dados de baja 712 elementos de los cuerpos de seguridad de la
PGJE, de un padrón actual demás de seis
mil 800 elementos, informó el procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria.El
titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila(PGJE) , precisó que entre los 38 Municipios y el
gobierno de Coahuila conforman dicho
estado de fuerza, elementos de las policía Operativa, Acreditable, Municipal,
Armas Tácticas, Ministeriales.Además la componen los cuerpos de la PGJE y de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) , los cuales están siendo valorados.
"De
los 38 ayuntamientos hay 712 policías que no pasaron los exámenes de control de
confianza, qué tendrán que ser dados de baja en este primer trimestre" ,
puntualizó. Salvador Neme, titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que 800 policías de 18 mil 190
serán cesados por diversas razones, entre las que se encuentran problemas de salud, sobrepeso y
vínculos con la delincuencia."Han sido separados algunos de sus cargos,
principalmente, los que tienen que ver con filtraciones de delincuencia
organizada, tenemos que llevar un procedimiento legal",
explicó.Neme además dio a conocer que 2 mil 400 de los
18 mil 190 agentes resultaron como no aptos, según las pruebas de control de
confianza, lo que significa el 13.19 por ciento de sus policías.
En
diciembre de 2012, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) en el
país aumentó 10.6 por ciento, al situarse en 109 puntos frente al reportado en
igual mes de 2011, cuando se ubicó en 98.6 puntos.El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) destaca que el incremento medido a tasa anual
del IPSP en diciembre de 2012 fue consecuencia de los avances observados en
todos los componentes que lo integran.
En el difícil
puesto de embajador en EEUU designo a Eduardo Medina Mora , luego de que
la Comisión Permanente del Congreso ratificara su designación a
propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. El funcionario expresó que la
seguridad es un tema "muy importante" en la agenda bilateral, que se
basa en la corresponsabilidad y la confianza mutua.
El gobierno federal dio a conocer este jueves
cuáles serán las cinco regiones en las que se dividirá el país para implementar
la política de seguridad según las necesidades de las entidades federativas y
la actuación de los grupos criminales.
Las cinco regiones son:
1. Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y
Sonora
2. Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas
3. Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro y Zacatecas
4. Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Puebla y Tlaxcala
5. Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán
Dato no menor…Lavado de dinero y entrenamiento
en armamento son los puntos principales en la relación entre cárteles de la
droga mexicanos y grupos terroristas internacionales
que presuntamente operan en el país como Hezbolá.A pesar de que no han sido
confirmados los vínculos entre el narco y agrupaciones del terrorismo por
autoridades mexicanas, de acuerdo con especialistas y a un análisis realizado
por el Instituto de Estudios Estratégicos del United
States Army War College se planteó lo contrario.
Según un estudio, realizado por el analista internacional Douglas Farah, en los
últimos años ha existido una relación que involucra simplemente negocios y
lavado de dinero entre el cártel de Los Zetas y la organización terrorista
Hezbolá.El informe, el cual cita a autoridades estadunidenses, destaca que Los
Zetas tienen el mismo blanqueador de dinero que
Hezbolá: se trata de un criminal libanés de nombre Ayman Joumaa de 48 años, de
quien se sabe ha coordinado, en colaboración con el cártel mexicano, el contrabando de cocaína proveniente de Colombia a través de América Central.
Cansados de la falta de eficiencia
de las autoridades, habitantes de la Costa Chica del estado crean sus propios
grupos combatir al crimen. Con los rostros cubiertos y portando armas de fuego,
pobladores de siete municipios de la región de la Costa Chica del estado de
Guerrero decidieron conformar un movimiento civil armado para la autodefensa de
sus familias y combatir al crimen organizado en esa región del sur de México.
El propio gobernador afirmó que el gobierno federal
debe destinar recursos para estas comunidades y admitió que, mientras no se
atienda la problemática social y de inseguridad, se corre el riesgo
de que más municipios se integren a este combate civil armado.
Dijo que buscará una reunión con el titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para reforzar el operativo de
seguridad en la región de la Costa Chica.
El
nuevo planteo es el segundo mandato de Obama una cooperación en seguridad con
posibilidades de profundizarse; para los expertos, esta pendiente entre la
relación entre México y Estados Unidos al inicio del segundo mandato del
presidente Barack Obama. En materia de
seguridad, pese a la aprobación de la Iniciativa Mérida en el 2008 y la
cooperación en materia de inteligencia que han tenido los dos países, para
Gustavo López Montiel, académico del departamento de Estudios Jurídicos y
Sociales del Tecnológico de Monterrey, durante el primer periodo de Obama,
México no fue un tema prioritario en la agenda de Estados Unidos. La Iniciativa
Mérida es un plan bilateral en materia de seguridad con el que Estados Unidos
ha dado a México asistencia técnica, entrenamiento y equipamiento.Ademas porque
según un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los cárteles de la droga de México tienen el control de cuatro de 10 pandillas en los Estados Unidos, o el 40 por ciento de alianzas con esas
organizaciones delictivas.El beneficio de estas
alianzas entre pandilleros de EU y el crimen organizado nacional es económico
principalmente, sin embargo, también se refleja en el control de zonas
estratégicas para el trasiego de droga a los Estados
Unidos.Grupos como la “Mafia Mexicana” o el “Sindicato de Texas”, se han
asociado con el Cártel del Golfo o Los Zetas, para ingresar armas o protección
durante los envíos de droga a EU.
Desmantelar
estos mecanismos criminales son un tema central de agenda por cuestiones
humanitarias,económicas y de gobernabilidad,buscar una salida al
prohibicionismo es una responsabilidad política central y promover estrategias
más justas,humanas y eficaces.
